Red de Blogs Ateos

“3.2.12. Una sociedad laica.

104. España debe consolidar su condición de Estado laico que garantiza los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos.

105. La naturaleza laica del Estado se ha de traducir en una potenciación de la educación laica y en valores, que se oriente a lograr que los centros educativos sean escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia. Ninguna religión confesional debe formar parte del currículo y del horario escolar.

106. La condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdo constitutivos de privilegios heredados del pasado. Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede. A este respecto cobran particular relevancia el establecimiento de la autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos.”

Uno de los cambios más significativos que trajo la Constitución Política de 1991 fue la adopción de un modelo de Estado Laico, respetuoso de los diferentes credos religiosos que en su interior se prediquen y de las personas que deciden no practicar ninguno. A diferencia de la Constitución de 1886 que establecía la unidad de religión con el Estado, el artículo 19 de la Constitución de 1991 estableció que “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”

En desarrollo de este principio, mediante la Ley 133 de 1994 el Legislador impuso una carga de neutralidad al Estado y a sus autoridades, al determinar que ninguna iglesia o confesión es o será oficial. Esto no quiere decir que el Estado se reconozca así mismo como ateo, agnóstico o indiferente ante la religiosidad de las personas; lo que quiere decir es que resulta predicable del Estado colombiano su neutralidad frente a cualquier credo o iglesia religiosa y en consecuencia, le resulta prohibido a cualquier autoridad estatal tomar medidas para desincentivar o favorecer a las personas o comunidades que no compartan determinada práctica religiosa, sean o no mayoritarias, e incluso es su deber proteger y garantizar los derechos de aquellas personas que son indiferentes ante las creencias religiosas o espirituales. Según lo establecido en su artículo 2º “El poder público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y de aquéllas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana”.

En reiterada jurisprudencia la Corte ha analizado el sentido de la relación entre el Estado colombiano y las religiones. En sentencia C-350 de 1994, esta corporación concluyó que el Estado colombiano es un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico. Para esta Corte la importancia que adquiere la adopción del principio de laicidad radica en que “[la] estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”

En sentencia C-766 de 2010 puntualizó y amplió los criterios señalados en jurisprudencia anterior, respecto del deber del Estado cuando adopta una decisión que contenga algún tipo de implicaciones religiosas. Estos criterios son:

“(i) Separación entre Estado e Iglesias de acuerdo con el establecimiento de la laicidad del primero, (ii) prohibición de injerencia alguna obligatoria, que privilegie a la religión católica o a otras religiones en materia de educación, (iii) renuncia al sentido religioso del orden social y definición de éste como orden público en el marco de un Estado Social de Derecho, (iv) determinación de los asuntos religiosos frente al Estado, como asuntos de derechos constitucionales fundamentales, (v) prohibición jurídica de injerencia mutua entre Estado e Iglesias, (vi) eliminación normativa de la implantación de la religión católica como elemento esencial del orden social y (vii) establecimiento de un test que evalúa si las regulaciones en materia religiosa están acordes con los principios de pluralidad y laicidad del Estado colombiano”

Para esta Corporación, cuando el Estado no observa los criterios antes descritos: i) estaría violando el principio de separación entre las iglesias y el Estado; ii) estaría desconociendo el principio de igualdad en materia religiosa; iii)vulneraría el principio de pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional; y iv) estaría desconociendo el principio de neutralidad que ha de orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materia religiosa.

En este orden de ideas, el principio de laicidad no sólo se expresa en garantías para los particulares en cuanto a la libertad de adhesión a cualquier religión o práctica de cualquier culto, sino además en el reconocimiento y protección de las diferentes confesiones religiosas (pluralismo religioso), a partir de acciones tendientes a generar garantías para la materialización de la libertad de cultos, en un trato igualitario y exento de discriminación por motivos religiosos. Según esta Corporación “la igualdad de trato en materia religiosa está íntimamente relacionada con el carácter laico del Estado y por ende, con la naturaleza secular de las actividades que puede desarrollar el Estado. Razón por la cual la valoración de las funciones que este Estado realice respecto de la religión deberá tener en cuenta el entendimiento de la laicidad secular y su relación con la adecuada garantía de la libertad de conciencia, religión y culto”.

Artículo 8º.- Exoneración del curso de religión
“Las instituciones educativas, en todos sus niveles y modalidades, respetan el derecho de los alumnos a exonerarse de los cursos de religión por motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas sin verse afectado su promedio académico. En los casos de los menores de edad, la exoneración procede siempre y cuando así lo expresen los padres o quien tenga la tutela de los mismos.”

La educación religiosa es peligrosa por razones concretas.  

1. La realidad urbana, con su alta concentración de población, implica una muy amplia diversidad de personas. Ya no estamos en tiempos arcaicos, donde las bajas poblaciones implicaban una igualdad en muchos aspectos del grupo social. Ni estamos en los tiempos virreinales, donde se podía presumir que nadie escapaba del modelo religioso católico, en el cual simplemente se perseguía a quien tuviera un credo diferente. Suponer hoy en día que todos los escolares son católicos y si no, que igual se les puede empujar sus dogmas, es un retorno a épocas oscuras de la humanidad y conlleva el peligro de acostumbrar a los educandos a la injusticia, al sinsentido institucionalizado y a la tiranía de la mayoría. 

2. La educación religiosa es educación por autoridad: las explicaciones son las que son, siempre han sido así y nadie las puede discutir. No sólo está la evidente colisión con cualquier forma de pensamiento crítico y lógico, sino un peligro mucho mayor: que al aceptar las cosas sin discutirlas, esos escolares van a ser más tarde presas fáciles de los charlatanes y corruptos que les venderán sebo de culebra o pajaritos de papel a cambio de votos. 

3. Una educación religiosa que funciona como simple adoctrinamiento al margen de la realidad social es peligrosa para la construcción de cualquier cultura de laicidad.
Una sociedad laica entiende que la religión es un fenómeno individual, con espacios privados específicos para manifestarse. Mantener el privilegio católico de adoctrinar a los niños derrumba cualquier concepto laico al mostrar que la iglesia sigue teniendo corona y puede invadir los espacios públicos con la complicidad de las autoridades.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la norma establecida en la ley 119 de 1994 que permitía la designación de un miembros de la Conferencia Episcopal de Colombia en el Consejo Directivo y en los Consejos Regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para su representación.
El alto tribunal determinó que dicha normatividad desconocía el hecho que la Constitución Política de Colombia establece que Colombia es un Estado laico, confesional y neutral. La exigencia para que la Conferencia Episcopal tenga a un representante va en contra de estos principios desconociendo la libertad de cultos.
En la demanda presentada se advertía que “incluir a un representante de la Iglesia católica romana en los órganos directivos nacionales y regionales” iba en contravía del carácter laico y pluralista que existe en Colombia, hecho por el cual debía ser declarada inconstitucional.
En el debate jurídico se avaló esta tesis y se quitó dicha norma que para la Corte vulnera la libertad religiosa que protege la Carta Política. En este sentido se considera que se le estaba otorgando un trato privilegiado a la Iglesia Católica frente a las otras.
"Están estimulando la participación de esa Iglesia en la construcción de políticas públicas que le serán aplicables", precisó la Corte Constitucional al resolver esta acción judicial.

Finalmente, dice la conferencia, "con esta decisión la corte ha desconocido la historia del Sena y su carácter social". Y que cuando la Corte argumenta que Colombia es un estado laico es un pretexto "para excluir a la iglesia de los organismos directivos del Sena". (Ver comunicado de la Iglesia Católica)