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Ciudad del Vaticano.- El Vaticano ni exculpó ni declaró inocente al sacerdote mexicano Gerardo Silvestre Hernández, acusado de abuso sexual a menores en el estado de Oaxaca, y podría proceder en su contra en cualquier momento si cuenta con las pruebas suficientes.

Fuentes eclesiásticas revelaron a Notimex que el caso no está cerrado de manera definitiva y reiteraron que hay una investigación, ordenada por la Santa Sede en 2010, y de la cual no han surgido elementos concretos sobre los supuestos abusos.

Por eso en febrero de 2011 la Congregación para la Doctrina de la Fe, sección vaticana encargada de conducir los procesos canónicos por pederastia contra los sacerdotes católicos de todo el mundo, emitió una carta con la cual "desestimó en su mérito" la causa.

En ningún momento tal misiva decretó la inocencia del imputado, sólo estableció que durante la investigación no se obtuvieron los testimonios y las pruebas necesarias para acreditar los delitos denunciados, indicaron las fuentes consultadas.

El caso de Silvestre Hernández se reactivó esta semana luego que 10 sacerdotes de Oaxaca publicaron una carta abierta en la que acusaron de "estar sesgadas" las pesquisas solicitadas desde El Vaticano.

El responsable de investigar las acusaciones, que surgieron en 2009, fue el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien se trasladó a Oaxaca para recabar toda la información necesaria y así responder a los requerimientos de Roma.

La elección de Sánchez Espinosa resultó significativa, no tanto por su persona sino –más bien- por su cargo. No es común que un arzobispo sea designado por la Sede Apostólica para investigar un asunto en una arquidiócesis ajena a la suya.

Por lo general compete al propio pastor conducir todo tipo de diligencias en el territorio a su cargo. Por tanto la decisión vaticana de enviar a un personaje externo demostró la intención de realizar un estudio independiente y objetivo.

Aunque Sánchez Espinosa condujo interrogatorios e intentó dar con las familias de las supuestas víctimas, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Con los datos obtenidos envió un reporte al Vaticano.

Según la praxis, para avanzar en un proceso canónico, la Congregación para la Doctrina de la Fe requiere del llamado "fumus commissi deliciti", formado por una serie de indicios suficientes para suponer la existencia de un crimen.

A falta de tales indicios se desestimó la causa en su momento, sin descartar la posibilidad de volver de nuevo sobre el caso. Y así ocurrió hace algunos meses, como lo informaron de manera pública los 10 sacerdotes denunciantes.

Unos siete de esos presbíteros declararon también que en junio de 2009 transmitieron sus denuncias al arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, y luego el 4 de agosto de 2010 enviaron la misiva al Vaticano que dio origen a la primera investigación.

En la más reciente carta abierta que publicaron (el 11 de junio pasado), además de acusar de "sesgado" el trabajo de Sánchez Espinosa, el grupo de presbíteros se deslindó de convertirse en la parte acusadora, así como investigadora, y llamó a "retomar la verdad".

Esto puede convertirse en un problema porque, en cualquier proceso jurídico es necesario aportar datos concretos sobre las propias denuncias o, al menos, los nombres de las supuestas personas involucradas que estén dispuestas a brindar sus testimonios.

Si las familias de las presuntas víctimas deciden no denunciar y otras personas conocedoras de los hechos mantienen el silencio, resulta imposible comprobar delito alguno, en especial cuando el imputado se declara inocente.

Al respecto, la praxis también establece que cualquier persona con información sobre el particular puede saltarse al obispo del lugar y escribir, a título personal, de manera directa a la Congregación para la Doctrina de la Fe para exponer sus reclamos.

Por otra parte, el arzobispo oaxaqueño Chávez Botello emitió un comunicado sobre el tema. Lo hizo el pasado 11 de junio a través del sitio web de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

"Queremos la verdad. No defendemos al acusado asegurando su inocencia, pero tampoco podemos condenarlo sin pruebas; nuestra postura es firme en defender la verdad y la justicia, ya lo hemos mostrado en otros tiempos difíciles de Oaxaca", escribió.

Expresó su "total y absoluta" disponibilidad para esclarecer los hechos denunciados.

Además, se puso a disposición de las autoridades correspondientes para coadyuvar en todo lo necesario de manera que se conozca la verdad y se haga justicia a quien corresponda, dando prioridad a las víctimas.

Precisó que, de acuerdo con el procedimiento de la Iglesia, el sacerdote fue separado de inmediato de su parroquia.

Con ello el religioso estará a disposición de cualquier requerimiento que las autoridades civiles y eclesiásticas necesiten para resolver de manera personal, penal y canónicamente, lo que sea necesario.

"Pedimos a las autoridades civiles correspondientes agilicen las investigaciones necesarias para asegurar la justicia en la verdad; estamos seguros que la verdad nos hará libres", apuntó Chávez Botello.


Notimex